El sistema español de salud es probablemente uno de los más avanzados del mundo, y no pocos envidian su elevado nivel de prestaciones. En 2012 sin embargo, la crisis económica parecía estar poniendo en cuestión lo conseguido hasta entonces. Los recortes presupuestarios se hacían notar y las críticas arreciaban, tanto desde el lado de los pacientes como desde el de los médicos, en este caso en forma de mareas blancas. Todos los actores involucrados parecían conspirar para poner el sistema en dificultades. Las empresas farmacéuticas presionaban para que la pérdida de ventas les afectara lo mínimo posible. Los pacientes, pertrechados con la abundante información difundida por los medios o accesible en Internet, exigían los últimos tratamientos, aunque quizás no fueran los más recomendables para sus casos. Los directores de los hospitales y demás gestores del sistema trataban de ajustarse a un presupuesto menguante. Los médicos, aplicando la libertad de prescripción de la que gozaban y a falta de mayor información, hacían uso de su discrecionalidad para intentar cuadrar los distintos objetivos: la salud y el bienestar del paciente por un lado y la sostenibilidad del sistema por otro.